CAMBIOS ECONÓMICOS

CAMBIOS ECONÓMICOS Y POLÍTICA DE INDUSTRIALIZACIÓN

A partir de 1940, la tónica de nuestra historia se caracterizó por la estabilidad política y el crecimiento acelerado y sostenido. Pero de ninguna manera dicho periodo fue lineal, ya que presentó serias contradicciones, debido a los múltiples y diversos intereses de los grupos y clases sociales existentes en esos momentos. La estabilidad política era necesaria para el desarrollo y proceso del país. Dicho desarrollo estaba basado en el máximo crecimiento de las fuerzas productivas a través de la industrialización por la vía de la “sustitución de importaciones”. Las consecuencias que este proceso ocasionaría en términos generales serían las siguientes:

• La modernización de la agricultura y de los servicios, expandiéndose éstos últimos por todo el país, y la ampliación de la red de comunicaciones;
• El crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB);
• El crecimiento demográfico, con fuerte desplazamiento del campo a la ciudad en busca de empleo;
• El ascenso de los sectores medios de la sociedad mexicana en forma masiva, ya que fueron canalizándose hacia la administración pública o gubernamental.

El término de la política cardenista significó para el país el camino del desarrollo industrial, a instancias de las consecuencias económicas y políticas creadas por el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, que propició la acumulación de capital nacional al incrementarse la demanda externa de algunos productos agrícolas y mineros necesarios en este proceso, denominándose a este momento la “edad de oro” de las exportaciones mexicanas y de la industria manufacturera. Con ello, también se favorecía el crecimiento y desarrollo industrial de la química, del acero, cemento y papel.

El Estado contribuyó de manera importante a la creación de una política fiscal favorable a la iniciativa privada nacional y extranjera. Dicha política proteccionista quedó plasmada en 1941, durante el gobierno de Ávila Camacho, con el decreto de la Ley de Industrias de Transformación. Hacia 1942 el Estado mexicano consolidó la política de “Unidad Nacional” como pretexto para conciliar los intereses nacionales, haciendo un llamado a los trabajadores para que suspendieran la lucha por sus demandas políticas y salariales, y posponiendo el ejercicio al derecho de huelga.  El proyecto de estabilidad política se concretó en 1943 con la creación de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en el seno del Partido de la Revolución Mexicana  (PRM), para contrarrestar la fuerza de las organizaciones obreras. Por otra parte, con el fin de controlar a las organizaciones empresariales, surge en 1940 la Ley de la Cámara de Comercio y de Industria, separando a los industriales y a los comerciantes.

Una vez concluída la Segunda Guerra Mundial, llega a la presidencia Miguel Alemán Valdés. Su régimen se caracterizó por la manera espectacular en que se aceleró el proceso de industrialización, afianzándose en un apoyo incondicional de la iniciativa privada, se acentuó, a partir de ese momento, la desigual distribución de la riqueza y del capital, y disminuyó el poder adquisitivo de los trabajadores y en general del pueblo.

Durante el régimen alemanista la agricultura se convirtió en la actividad base del crecimiento industrial, y se abandonaron definitivamente las propuestas cardenistas para dar paso al desarrollo capitalista con una agricultura de exportación altamente tecnificada en algunas zonas. Se adoptaron medidas para otorgar garantías a la inversión, rescatando el derecho de amparo en materia  agraria, se destinaron grandes inversiones para fomentar obras de irrigación y caminos, se introdujo y promovió el crédito y los recursos tecnológicos y se abandonó al ejido y a los principios de la reforma agraria.

De esta manera, las exportaciones y la inversión extranjera reactivada se destinaría a la industria manufacturera que abastecería al mercado interno y buscaría introducirse en la compra de empresas ya existentes. No obstante lo anterior, el fin de la guerra marcó un descenso en las exportaciones, mientras las importaciones crecieron más que las primeras como producto del proceso de industrialización. Todas estas circunstancias condujeron al país a una crisis, que en 1949 dio lugar a la devaluación del peso mexicano, fijando su cambio en 8.65 pesos por dólar. Con la Guerra de Corea nuevamente se reactivaron las exportaciones, y cobró nuevamente importancia la inversión. El turismo proporcionó más recursos materiales a este proceso.

Sin embargo, al término de la Guerra de Corea nuevamente las exportaciones sufrirían un descenso debido a la demanda de las importaciones que siguieron creciendo aún más que las exportaciones, característica no exclusiva de nuestro país, sino de todas las economías latinoamericanas subdesarrolladas que dejaban claro que el sector externo era uno de los elementos más débiles de nuestra economía. El turismo cobró auge como fuente adicional de divisas y como uno más de los paliativos para resolver el problema de la balanza de pagos. “Por ello, siendo presidente Adolfo Ruíz Cortines, en 1954, nuevamente se devaluó el peso mexicano y se fijó el tipo de cambio frente al dólar en 12.50 pesos.

El periodo de 1940 a 1970 tuvo un auge económico acelerado, debido a que la industria se convirtió en motor del desarrollo. Este proceso se divide en dos fases: la primera se caracterizó por un rápido crecimiento industrial, a partir del repunte de la exportación nacional, de 1939 a 1955; la segunda es de crecimiento con estabilidad, va de 1955 a 1970, y se le da el nombre de Desarrollo Estabilizador.

a)      ESTRUCTURA AGRARIA

A pesar del prolongado estancamiento, consecuencia de la crisis de 1929, la economía arrancó con inusitada rapidez a partir de los años cuarenta, estimulada por la demanda externa que la Segunda Guerra Mundial había provocado en México y en toda América Latina. El sector agrario fue uno de los primeros en reactivarse, de 1942 a 1962 se incrementó la producción promedio anual en un 80%, en América Latina. A su vez, la población aumentó considerablemente, un 2% promedio anual.

El crecimiento de la producción agrícola en la mayor parte de los países latinoamericanos no significó un cambio cualitativo en el desarrollo de las fuerzas productivas y menos aún en las relaciones sociales de producción; fue más bien la reactivación del tradicional modelo extensivo de crecimiento. La hacienda latifundista continuó como unidad básica de producción en el campo, donde la técnica empleada era atrasada, con instrumentos rudimentarios y con alto rendimiento de trabajo campesino.

En México, a fines de 1940 la Reforma Agraria tomó un curso diferente al seguido por el cardenismo. Lo primero fue parcelar los ejidos, proporcionando a los ejidatarios títulos de propiedad. Se volvía a la idea de que el minifundio familiar era lo más conveniente para la organización en el campo. Esta medida se puso en práctica mediante un decreto concebido como un intento para devolver la tierra a sus antiguos dueños, estableciendo la compensación a los propietarios que hubiesen sido afectados “injustamente” por la política de reforma agraria, establecida en el periodo anterior.  De hecho esto significó el fin de esta reforma.

El consumo de productos agrícolas que fomentó la Segunda Guerra Mundial, y la política gubernamental de apoyo a la producción para la exportación, convirtió al crecimiento agropecuario en uno de los soportes fundamentales de la industrialización nacional. La economía campesina, dice Mario Huacuja, empezó a ceder terrero ante el desarrollo de la agricultura capitalista de exportación. Para favorecer a ésta última, el gobierno adoptó las siguientes medidas:

a)   Reintrodujo el derecho de amparo en materia de afectaciones agrarias, otorgando garantías permanentes en el crecimiento de las empresas agrícolas.

b)   Dirigió grandes inversiones en materia de caminos e irrigación en zonas en las que predominaba la agricultura de exportación.

c)   Promovió la introducción de tecnología, crédito y sus resultados de investigación agrícola en las mismas empresas.

Con ello, los ejidos fueron abandonados a su suerte y el reparto agrario tomó un nuevo curso: se repartirían las peores tierras, aunque en muchas ocasiones no llegaron a manos de los campesinos. Esta repartición fue selectiva en las regiones en las que los conflictos agrarios representaban un peligro potencial para la estabilidad política del régimen.1

De 1940 a mediados de los años sesenta, el sector agrícola creció rápidamente  subordinándose a las necesidades de la industria, bajo una política de empobrecimiento del agro. Esto puede ser entendido a partir de las características apuntadas por Francisco González:

“(El sector agrícola) satisfizo las demandas de abastecimiento y materias primas baratas (incluso a precios inferiores a los internacionales), (…) en el campo el porcentaje de productos agrícolas destinados a fines industriales se incrementó y pasó del 27% en 1939-1945, al 37% en 1959-1961. Tuvo un acelerado ritmo de crecimiento (…) por encima del crecimiento demográfico, debido (…) al crecimiento de la superficie cultivada. Con la exportación de productos agrícolas se obtuvieron divisas que sirvieron para la importación de maquinaria necesaria para desarrollar la industria. Fue un mercado para productos de bienes no duraderos producidos por la industria,”

“Proporcionó la mano de obra necesaria para (…) la industria, los servicios y la agricultura empresarial. Mientras que la agricultura empresarial conoció épocas de gran bonanza durante los años cuarenta y cincuenta debido al crecimiento de la demanda y de los precios internacionales, este auge benefició poco a la agricultura campesina que sufrió un lento proceso de descapitalización y ruina. A partir de los primeros cinco años de la década de los sesenta, la agricultura de subsistencia entró en crisis y la producción agrícola nacional cayó estrepitosamente.

b)      INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

Los años treinta marcaron un momento importante de modernización económica y de consolidación del Estado mexicano pues, ante el agotamiento del modelo primario exportador (cuya característica fue encaminar la producción agrícola y minera hacia el exterior), causada en gran parte por los efectos de la crisis  de 1929, aparecieron signos de un nuevo patrón promovido por el Estado mediante la “sustitución de importaciones”, estrategia de crecimiento que orienta la producción manufacturera al mercado interno, encareciendo los productos de importación y facilitando la entrada de mercancías para la industrialización.

Con lo anterior, se dinamizó el crecimiento por más de tres décadas y se insertó a la economía mexicana, a un nuevo orden internacional. Otro factor de la modernización se inscribe en la necesidad de la estabilidad política mediante la incorporación de las masas agrarias  y urbanas al proyecto económico, atenuando las tensiones entre las nuevas fuerzas políticas emanadas de la Revolución y los tradicionales sectores dominantes (latifundistas, caudillos, capitalistas nacionales y extranjeros, el ejército y la iglesia).

La industrialización hacia adentro y la política semicorporativa del Estado sería la lógica de un desarrollo que al abarcar a toda la sociedad excluyó a la mayoría, beneficiando a unos cuantos.

Como ya quedó señalado con anterioridad en éste fascículo, con el régimen cardenista se consolidaron las bases del proceso de industrialización mediante el proteccionismo para el impulso del mercado interno y la estabilidad política. Con lo cual se posibilitaría el crecimiento de la economía, de 1940 a 1970, en un ritmo del 6% anual, mientras que de la manufactura sería de 8% anual, esto significó una tasa superior de la economía en su conjunto.

Con la Segunda Guerra Mundial se dio un proceso rápido de industrialización con “sustitución de importaciones”, mediante la expansión de las exportaciones nacionales. Entre 1930 y 1945, las exportaciones crecieron con un promedio anual de 37%. Los productos de mayor crecimiento fueron los textiles, que de 1% en 1939, pasaron al 2.05% en 1945; también aumentaron las exportaciones de alimentos industrializados, bebidas y tabaco. Por primera vez en la historia de México las exportaciones industriales alcanzaron el 25% del total, entre 1939 y 1945. Al mismo tiempo, los países participantes en el conflicto mundial no podían vender al exterior la misma cantidad y tipo de productos, pues al orientar su planta industrial a la producción de material bélico, tuvieron que restringir las importaciones y cierto tipo de exportaciones.

En estas condiciones, la industria nacional buscaba satisfacer la demanda interna y externa aprovechando el equipo y capacidad industrial instalada tres décadas antes. Las industrias establecidas por su dinamismo eran las de acero, cemento y papel; pero también aparecieron otras como la química; no obstante, el mayor crecimiento se logró a partir de los años cincuenta.

Entre 1939 y 1959, la industrialización sustitutiva de importaciones se centró en la producción de bienes de consumo no duraderos (alimentos, zapatos, ropa, etc.). Posteriormente, se desarrolló la industrialización de bienes de consumo duraderos (aparatos electrodomésticos, automóviles, etc.) y cierto nivel de producción de bienes de capital (maquinaria e insumos de producción).

Para los bienes de consumo no duraderos, la técnica de producción no requiere de grandes montos de capital, ni de procesos productivos complejos, por lo que se ha dado en llamar “etapa fácil” que abarca el periodo de la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, y de 1946 a 1958. La producción de bienes de consumo duraderos atraviesa toda la década de los sesenta, y es llamada “etapa difícil” de la sustitución de importaciones por dos razones fundamentales: primero porque para producir bienes intermedios y de capital se requiere de técnicas y procesos productivos complejos, segunda por la necesidad de importar bienes intermedios y de capital para la producción.

El crecimiento industrial no hubiera sido posible  sin la acción proteccionista del gobierno a favor de las empresas. En 1941 se creó la Ley de Industrias de la Transformación que justificaba la aplicación de aranceles elevados para encarecer los productos de origen externo; además de que se establecieron cuotas de importaciones que dificultaban o impedían su entrada. A su vez, se formó una política de subsidios expresados en la reducción de impuestos con el propósito de garantizar ganancias y facilitar reinversiones; como esta política no estableció diferencias en el origen del capital de la empresa, los consorcios transnacionales garantizaban así un mercado protegido y por lo tanto, importantes ganancias.

Nacional Financiera (NAFINSA), fundada en 1934, proporcionó facilidades crediticias y orientó al sector público para que asumiera los riesgos de las inversiones. La mayor parte del gasto público se orientó hacia obras de infraestructura: transportes (ferrocarriles y carreteras), irrigación (presas) y la producción de diversos insumos para la explotación de energéticos (petróleo y electricidad). Otro aspecto fue la venta de bienes y servicios a las empresas privadas, por abajo del costo de producción y que el gobierno realizaría con los recursos del gasto social.

El gobierno instrumentó mecanismos de control que regularan las demandas salariales y las prestaciones de los trabajadores, así como un elevado impulso a la inversión pública y privada (nacional y extranjera). Ello crearía un clima de tranquilidad a favor del desenvolvimiento industrial.

Al término de la guerra, las industrias dedicadas a la producción de bienes de consumo popular (textiles, calzado, vestido, alimentos, etc.) perdieron el mercado externo dependiendo fundamentalmente de las compras de los trabajadores, quienes al mismo tiempo tuvieron un mayor empobrecimiento. Raymundo Arroio apunta:

“Se empezó a generar una contradicción importante en el seno de algunas ramas industriales: por una parte se presentó un proceso de acumulación de capital basado en la pauperización de la mano de obra que limitó la ampliación del mercado interno, y por la otra se requirió un mercado de expansión que permitió mantener el ritmo de acumulación de capital. La salida encontrada fue orientar crecientemente el sector manufacturero hacia la producción de bienes suntuarios (joyas, objetos de arte, indumentaria, tocador, etc.), y de consumo duradero (aparatos eléctricos, línea blanca, automóviles, etc.), demandados por los sectores beneficiados con la mayor concentración del ingreso.” 3

De estas circunstancias, señala el mismo autor, se desprenden dos tipos de industrias:

“(…) una dinámica “moderna”, caracterizada por un acelerado ritmo de crecimiento, dedicado fundamentalmente a la producción de bienes de consumo duradero y bienes intermedios con un alto nivel de inversiones y gran participación de capital (y tecnología) extranjera y otra “tradicional”, orientada a la producción de bienes de consumo generalizado, con un menor ritmo de crecimiento –determinado por el crecimiento de  la demanda de los grupos de bajos ingresos-, y con un bajo nivel de inversiones y de adaptaciones de innovaciones tecnológicas”.4

Las exportaciones agrícolas constituían uno de los soportes fundamentales del desarrollo industrial, la inversión extranjera se transformó en otro de ellos. Dicha inversión llegó a los niveles más bajos en 1940, como consecuencia de la política nacionalista de Cárdenas.

La inversión extranjera se reactivó a partir del conflicto internacional. En diciembre de 1940 se firmó un tratado comercial que permitía a Estados Unidos adquirir, de nuestro país, materiales para la producción bélica a precios relativamente bajos, garantizados por la devaluación (se establece una equivalencia de 4.85 pesos por dólar).

La influencia de Estados Unidos en nuestra economía se manifestó mediante inversiones privadas, complementadas con fuertes créditos otorgados directamente por agencias del gobierno estadounidense o por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre todo a partir de 1945, cuando la inversión extranjera no se presentó ya en los renglones de recursos naturales, sino en la industria manufacturera que surtía de productos al mercado nacional, así como en las empresas ya existentes (electricidad, agua, transporte, comunicaciones, etc.). Tomemos la inversión extranjera directa (IED) como ejemplo del crecimiento registrado de la inversión.

RÉGIMEN	RITMO DE CRECIMIENTO	INCREMENTO PROMEDIO ANUAL
Manuel Ávila Camacho 1940-1946	39%	6.5 %
Miguel Alemán Valdés 1946-1952	25.2%	4-2%
Adolfo Ruiz Cortines 1952-1858	72.6%	12.1%
Adolfo López Mateos 1958-1964	40.8%	6.8%
Gustavo Días Ordaz 1964-1970	30.4%	7.6%

Cuadro 1. Inversiones extranjeras directas (1940 - 1970).

Como se observa, la inversión extranjera directa se incrementó; la cifra elevada correspondiente al régimen de Adolfo Ruíz Cortines no es real, ya que en ese periodo se dio una devaluación del peso, en abril de 1954, de 44.5 por ciento.

Por lo tanto, dice José Luis Ceceña, tomando esto como base (análisis en cifras expresadas en dólares), el crecimiento (de la inversión extranjera directa) fue el siguiente: de 19 millones obtenidos en 1940, fueron aumentando hasta sobrepasar los 2,517 millones, en 1968. Esto indica que en el último año, considerado en el cuadro anterior, alcanzaron un nivel de 6 veces (601 por ciento) para 1940, y que la tasa de crecimiento anual promedio fue del 18 por ciento.

El fin de la guerra marcó un descenso en las exportaciones. No obstante, las importaciones de equipo industrial y maquinaria, de artículos de lujo y de bienes suntuarios, continuaba su ritmo de crecimiento, el resultado fue un déficit en la balanza de pagos, aunque con el estallido de la Guerra de Corea las exportaciones se reactivaron pero al concluir ésta, en 1953, nuevamente se desequilibró. México vivió, como consecuencia de ello, un proceso inflacionario similar al vivido durante el conflicto mundial. Así, para compensar ambos problemas, el gobierno decidió devaluar la moneda en 1954, fijando una paridad de 12.50 pesos por dólar.

Una vez superado el problema de la balanza de pagos, se inició un lapso de crecimiento de casi 20 años, más o menos sostenido, conocido como el “Desarrollo Estabilizador”. En efecto, a partir de 1954 la política económica dirigió al país hacia un crecimiento orientado por la industrialización sin inflación y con acentuado endeudamiento externo. Mario Huacuja define a esta etapa de nuestro crecimiento económico, de la siguiente manera:

“Los rasgos más sobresalientes (…) se pueden resumir en los siguientes puntos: un crecimiento sostenido del producto interno bruto; una industrialización constante; una promoción constante de la agricultura de exportación; una restricción del gasto público en las áreas de bienestar social y en la agricultura de subsistencia, y un incremento de dicho gasto en la inversión productiva: energéticos, siderurgia, comunicaciones y transportes; una mayor intervención de la inversión extranjera en sectores claves de la economía; un control relativo de precios y de la inflación; la contención de las demandas salariales, y el creciente endeudamiento externo como soporte fundamental del sistema”.5

Además, las tasas de interés y los impuestos se mantuvieron a un nivel relativamente bajo para alentar la inversión y el financiamiento en la industria.

En este periodo (1954-1970), la ampliación del proceso industrializador se convirtió en el sector más dinámico para la economía del país, así como el principal generador de sus problemas fundamentales dentro del marco de la sustitución de importaciones. Sobre todo en los años sesenta, la actividad industrial alcanzó un incremento promedio del 8.8%, pero dentro de la llamada “etapa difícil” de la sustitución de importaciones, con la tendencia de la década anterior, desarrollando una industria productora de bienes intermedios y de bienes de capital. Este cambio en la estructura de la industria manufacturera puede observarse en el siguiente cuadro.

TIPO DE BIENES	1960	1965	1970
De consumo no duradero Intermedios Durables De capital	62.3 26.7 4.7 6.3	48.3 35.7 9.6 6.4	45.5 35.5 11.7 7.8

 Cuadro 2. Porcentaje en la estructura del producto interno bruto (PIB).

Además del decremento en la producción de bienes de consumo no duradero, se expresa que para la producción de bienes intermedios y de capital –cuyas técnicas y procesos de producción son más complejos- se requiere de la importación de maquinaria y equipo industrial, de mayores inversiones y de un mercado más amplio. Si bien el número de importaciones baja del 1.5% a 0.81% en este periodo en virtud del nuevo tipo de producto que se compraba en el exterior el precio de estos tuvo un aumento muy importante al pasar de 0.22% al 1.53%.

Con este fundamento se inició la inversión extranjera en la industria mexicana, sobre todo en los sectores intermedios (como en la producción de caucho y fabricación de sustancias químicas) y de bienes de capital (como equipo de transporte). Si bien es cierto que la inversión extranjera permitió la utilización de técnicas en la planta industrial, también provocó graves problemas. Al respecto, Daniel Bitrán define los siguientes problemas generados por la presencia del capital extranjero en México:

1. Las empresas utilizan, en mayor medida, recursos internos para financiar su activo total, mientras que la proporción de recursos externos empiezan a disminuir.
2. Los ingresos (…) por concepto de la IED tienden a basar en mayor medida en la reinversión de utilidades que en nuevas inversiones. Este fenómeno (…) da lugar a nuevas utilidades, (…) transferibles al exterior, sin que haya mediado ninguna nueva aportación al capital externo.
3. Excepto el caso de la minería, las compañías extranjeras promueven en escala muy modesta la exportación de manufacturas.
4. La aportación de las empresas extranjeras al empleo total es insignificante.
5. Aunada a la carencia de una política de investigación y desarrollo tecnológico, la influencia de la tecnología foránea se traduce en una fuerte dependencia tecnológica de la industria nacional, misma que tiene efectos negativos sobre la balanza de pagos y sobre el perfil de la planta industrial.

La agricultura quedó aún más subordinada a la industria mediante la reducción progresiva de la inversión pública destinada al fomento agropecuario y el rezago de los precios de productos agropecuarios (materias primas y alimentos baratos). Ello provocó la descapitalización del sector y su falta de integración a la industria a través de la compra de productos manufacturados.

En cuanto a la concentración del ingreso, el crecimiento industrial se tradujo en grandes ganancias para los empresarios mexicanos. El Estado los apoyaba mediante una política de precios bajos en los servicios prestados por las empresas estatales, además de cargas fiscales bajas, exenciones tributarias y un proteccionismo que generó una burguesía en ascenso, que ya desde los años cincuenta estaba cerca de transformarse en un sector monopólico. Particularmente, en la década de los sesenta, el 1.5% de los establecimientos industriales contaba con el 71% del capital invertido en la banca. Por lo que respecta al comercio, éste estaba “formado por 360,000 empresas, concentraban el 60.4% del capital invertido en 4,500 establecimientos y en los servicios, y el 1% de las empresas controlaban el 63% del capital total del ramo”.

La relación entre el capital externo con los grupos que controlaban la economía nacional estimuló la formación de monopolios, debido a que parte de dichas empresas eran las subsidiarias de las transnacionales. En 1960 importantes ramas industriales ya estaban total o parcialmente controladas por las subsidiarias de las empresas transnacionales: automóviles, llantas, maquinaria en general, productos electrónicos, química, farmacéutica y alimenticia.

Además, la presencia del capital extranjero quedó de manifiesto, aunque de manera indirecta, a través de la política de endeudamiento externo ejercida por el Estado, sobre todo a partir del Desarrollo Estabilizador. En 1958, siendo presidente Adolfo Ruíz Cortines, la deuda era de 602 millones de dólares, en 1964, como la deuda externa era canalizada hacia la inversión de un amplio programa de obras de infraestructura (transportes, vivienda, electrificación, obras de riego, infraestructura en general), se elevó a 1723 millones de dólares. Rosario Green apunta que “el gobierno de Díaz Ordaz continuó con la misma política. En el último año de su sexenio (1970), la deuda externa se triplicaba ascendiendo a 3,160 millones de dólares.

La política de endeudamiento externo buscaba cubrir la brecha entre el gasto público, en continua expansión, y el lento crecimiento de los ingresos gubernamentales provocado por impuestos reducidos favorables a los empresarios; política que servía también para cubrir la diferencia entre las exportaciones con tendencia a la baja, y las importaciones que aumentaban conforme se requirió maquinaria para la industrialización; además de muchos organismos paraestatales (Pemex, Comisión Federal de Electricidad, etc.) fue contratada la deuda externa para cubrir su déficit y financiar sus planes de inversión. Finalmente, el gobierno se convirtió en garantía de créditos destinados a empresas privadas.

La concentración del ingreso en este periodo consolidó la tendencia a la distribución desigual del ingreso por regiones. Las ciudades de Monterrey, Guadalajara y especialmente la de México destacaron como importantes centros industriales Gustavo Garza lo ejemplifica así:

En 1940, la Ciudad de México concentraba el 8.7% de los establecimientos manufactureros, hacia 1970 dicha proporción ascendió a 27.9% casi una tercera parte del total de establecimientos manufactureros e industriales del país. Se dio una concentración del empleo manufacturero en México debido a las ventajas de mano de obra, circunstancia que operaba en contra de una distribución más amplia del ingreso a nivel nacional. Naturalmente, los salarios del sector moderno en esta ciudad fueron más elevados que en el campo, así como en otras ciudades sin que esto quiera decir que la Ciudad de México hubiera satisfecho la demanda de empleo, pues ésta creció más en proporción de los empleos ofrecidos.

Pablo González Casanova señala que (…) para la redistribución del ingreso hay –entre otras dos medidas clásicas de política económica- el incremento de los salarios reales y la distribución de la carga fiscal (…) ¿qué ha ocurrido?

El salario real promedio para 1960 era 6 % menor que en 1940 y el salario mínimo agrícola de 1960 a 1961 disminuyó en un 455 %, respecto de 1938-1939; en cambio, la productividad agrícola aumentó en un 100 por ciento.

En estas condiciones según establece Horacio de la Peña, el grado de explotación de la mano de obra creció en un 134 % y si bien durante este periodo aumentaron las prestaciones… y en algunas ramas de la producción como electricidad y petróleo hubo aumentos reales de salarios que sólo beneficiaron a los trabajadores urbanos ligados a los servicios mejor organizados (…), la participación de los sueldos y salarios en el ingreso nacional, ya que era muy baja en el año de 1939  -el 30.4 %-, apenas aumentó para 1960, contrario a la participación de las utilidades, ya que en 1939 era muy alta –el 34.4 % del total- y llega a ser del 42.6 % en 1960.

En lo que respecta a un sistema fiscal más racional y equitativo, ¿qué es lo que ocurre? (…) sus efectos redistributivos no afectan en realidad a los grupos de altos ingresos (entre los cuales las evasiones siguen siendo hasta del orden del 75 % de los impuestos), sino que recaen sobre los grupos de ingresos fijos (célula IV y V), y esto ocurre en un país en que la banca privada, las compañías de seguros y las compañías de seguros y las compañías de finanzas tienen utilidades que van del 12 al 46 % del capital invertido.

Así, la fuerte concentración del ingreso se reflejó en una fuerte demanda de bienes suntuarios y de consumo duradero, frente a la baja capacidad de compra de los sectores populares.

Al finalizar la década de los sesenta se observaron síntomas de agotamiento en el modelo de industrialización substitutiva de importaciones, carente de objetivos claros de desarrollo. Estos son la alta concentración del ingreso; la crisis de la agricultura de subsistencia; la espiral inflacionaria desatada por la falta de productos para el consumo interno, particularmente las agrícolas; el desequilibrio comercial con el exterior, generado por la caída de productos agrícolas; de exportación en los mercados internacionales y el consecuente incremento del endeudamiento con el exterior. Todos son elementos que explican el creciente malestar entre los trabajadores  y las clases medias que vieron disminuidos sus ingresos, repercutiendo en los movimientos ferrocarrilero y magisterial en 1958, el de los médicos en 1964 y el estudiantil en 1968, así como la crisis de los años sesenta.